De este caso son pocas las declaraciones que se han hecho en territorio venezolano, y aún menos las investigaciones que se han abierto tras él. Por algunos años la Vicepresidencia de la República transfirió una suma importante de dinero a un ente español sin justificar la asesoría, el tiempo, sus objetivos ni alcance, y mucho menos con algún permiso de las instituciones, es decir, de la Asamblea Nacional.
En este momento de crisis nacional, donde tenemos diarias y crueles evidencias del malgasto de nuestros ingresos, creo necesario y urgente la justificación de este y otros egresos de nuestras arcas públicas. ¿Qué tan prioritaria es dicha asesoría que requirió tal magnitud económica? ¿Por qué este servicio no figura en lo planes nacionales ni en los permisos de la Comisión de Finanzas? ¿En qué temas fueron asesorados nuestros gobernantes que ameritaron tales preferencias?
Todas estas interrogantes y todas aquellas que surjan del pueblo venezolano deben ser respondidas. Así como el profesor Monedero expió y asumió su culpa en su país, invitamos a sus contrapartes a hacer lo propio en el nuestro.
El dinero público debe estar destinado al diseño, ejecución y evaluación de obras y servicios para todos los venezolanos y debe ser monitoreados, controlado por las autoridades competentes y la sociedad por medio de la contraloría social. Cualquier egreso alejado de tales normas viola la Constitución, la honestidad y la legitimidad gubernamental. Una vez más, la ley solo es útil para el Gobierno para gritarla en contra de quienes disentimos de su opacidad, incapacidad, corrupción e hipocresía ideológica.
De manera que invitamos a dichos profesores a que, debido al precio pagado, den una asesoría más. Recomienden a sus copartes en nuestro territorio, que asuman responsabilidades frente a las instituciones venezolanas que ambos decidieron burlar.
@stalin_gonzalez / Fuente: ÚN
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