Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional de Barack Obama, reconoció ayer que Venezuela no representa amenaza alguna a nuestra seguridad nacional, como afirmó el mes pasado la Casa Blanca, y explicó que la expresión fue usada porque así aparece en el formato utilizado para elaborar las órdenes ejecutivas presidenciales para imponer sanciones a otros gobiernos. “Honestamente –abundó el funcionario– tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas”. La confesión permite aquilatar la frivolidad y la irresponsabilidad con que actuó el ocupante de la Casa Blanca al afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro era una amenaza extraordinaria e inusual para Washington y exhibe que detrás de la campaña estadunidense contra la nación sudamericana no hay más que un designio injerencista y neocolonial, inspirado a su vez por el afán de realinear a Venezuela con la política exterior de la superpotencia y, desde luego, recuperar el control sobre los recursos naturales de uno de los principales exportadores de petróleo del mundo.
El rechazo que la ofensiva antivenezolana de Obama ha recibido de los otros gobiernos de América Latina ha llevado a la Casa Blanca a buscar peones alternativos en contra de Maduro. Con este propósito logró alinear una veintena de cartuchos quemados de la política iberoamericana, como el español José María Aznar –quien en la década pasada unció a España a la incursión bélica de George W. Bush en contra de Irak–, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón –responsable y beneficiario del fraude electoral de 2006, respectivamente–, el colombiano Álvaro Uribe –señalado por dependencias del propio gobierno estadunidense por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo–, los salvadoreños Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol –patrocinadores, en su momento, de escuadrones de la muerte– y algunos otros cuya indignación por una supuesta alteración democrática en Venezuela no goza de mucha autoridad moral.
En forma paralela a este agrupamiento de personajes de la derecha, Washington ha colocado en su tablero a individuos procedentes de otras corrientes, como el ex presidente del gobierno español Felipe González, quien, en un gesto inequívocamente mediático y publicitario, asumió la defensa de políticos opositores presos en Venezuela.
En suma, de no ser por el atribulado gobierno actual de España, el estadunidense se ha quedado sin aliados importantes en su campaña antivenezolana y, para colmo, se ha visto obligado a reconocer que ésta tampoco tiene un motivo legítimo.
Es importante insistir, por último, en que las sociedades latinoamericanas deben movilizarse para rechazar la ofensiva de Washington en contra de Venezuela, independientemente de la opinión que se tenga sobre el gobierno actual de ese país, porque la amenaza no va dirigida únicamente a la administración de Maduro, sino a algo mucho más trascendente e irrenunciable: la autodeterminación y la soberanía de las naciones del subcontinente.
Fuente: TaleSur
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