Hace poco recibí de manos de un amigo, el guion de una interesante charla dictada por Irene Pérez Schael, inspirada en el libro de Paola Bautista de Alemán: “A callar que llegó la revolución. La imposición del monopolio comunicaciones en Venezuela”. Irene define al totalitarismo como “Un sistema de gobierno perverso que persigue la opresión con afán de dominación, que busca someter a toda la persona, al ser y su quehacer, y controlar la moralidad privada, sometiendo todos los espacios de socialización”, y agrega tres características orwellianas del totalitarismo socialista: “la escasez, un gobierno oligárquico imposible de desplazar del poder, y la manipulación del lenguaje”.
Irene distingue entre dictaduras, como las que por desgracia hemos sufrido en Venezuela en el pasado, y el totalitarismo alienante y destructivo que hoy asfixia a la nación. Citando a numerosos autores, identifica al totalitarismo con el control del Estado a toda la actividad política, económica, social y educativa; sus objetivos de moldear la conciencia para construir un “hombre nuevo”; el encarcelamiento de la sociedad dentro del Estado; y la inexistencia de límites ni restricciones a través de todos los medios: propaganda, terror, encarcelamientos o muerte. En tanto que, agrega, las dictaduras pueden llegar a altos grados de represión, violencia política y corrupción, sin pretender cambiar el sentido de la historia ni conducir a una sociedad hacia el hombre nuevo.
Así, el totalitarismo destruye instituciones o las modifica, cambia los símbolos patrios, se apodera de las instituciones públicas, engaña, viola las normas constitucionales, y concentra en forma absoluta el poder. Impulsa además el monopolio estatal de los medios de comunicación, ejerce el control total de la economía e implanta el terror y el castigo ideológico a la disidencia, ello bajo el barniz de una legalidad sometida a la voluntad y necesidades de un líder. Es lo que en otras palabras analiza el autor Ingo Müller en su obra “Los Juristas del Horror”, sobre el caso de la Alemania nazi.
Irene agrega una consideración sobre cómo a través de la comunicación se busca la dominación de la conciencia mediante la propaganda, el adoctrinamiento, la ideología, el lenguaje, la educación y el manejo de la información, todo lo cual necesita del monopolio comunicacional para inducir un cambio de valores, conducta y lenguaje, destruir al adversario, y falsear de la verdad. Es así como en la Venezuela chavista, se ha ido avanzando en estos 16 años hacia una “refundación” de la República, que ha profundizado la marca socialista en nuestra sufrida patria, con dinero, corrupción y aniquilamiento o “invisibilización” del adversario.
Irene hace suyo el planteamiento de la autora Bautista de Alemán, quien plantea la necesidad de resistir al totalitarismo, develando con creatividad las mentiras del régimen, en lugar del sometimiento por miedo, la enajenación o indiferencia, o menos aún el consentimiento a las prácticas del régimen. Esto, apenas resumido en esta líneas, es lo que deplorablemente ocurre en Venezuela, ante la mirada indiferente de segmentos de la población o de gobiernos “hermanos” que se hacen de la vista gorda, con el fútil argumento de la no injerencia en los asuntos internos del país, aunque sea claro que los Derechos Humanos constituyen un valor universal prevaleciente.
Al respecto, el brillante internacionalista venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, sostiene en su reciente artículo: “El legítimo derecho a la autodeterminación”, que el Derecho Internacional se ha transformado a raíz del surgimiento de normas jurídicas de rango superior, imperativas, inderogables, como las relativas a los DDHH, respecto de las cuales la soberanía de los Estados deja de ser absoluta, para constituirse en un tema de interés de la comunidad internacional, la cual debe velar legítimamente por su respeto. Sostiene también Rodríguez que la autodeterminación de los pueblos debe concebirse como el pilar sobre el cual se basan las sociedades nacionales para decidir libremente su futuro como nación, pero con sujeción a normas internacionales preminentes, y no como pretende el régimen venezolano: “justificar con rigidez el principio de la soberanía, y de esa manera impedir escrutinios externos en materias que relevan de la competencia de la comunidad internacional, como la relativa a los DDHH, violados sistemáticamente por ellos, con el fin exclusivo de imponer un sistema que no es precisamente el reflejo de una decisión nacional de la mayoría”. En ello coincide el analista colombiano Manuel José Cárdenas, en artículo publicado en el Diario Portafolio de Bogotá, titulado “Venezuela y los Derechos Humanos”, el pasado 6 de abril.
El mes que concluyó, marca otra expresión del totalitarismo imperante en Venezuela, entre otros al convertir en burda propaganda la sanción aplicada por Estados Unidos a siete funcionarios violadores de DDHH; su pretensión sin éxito de convertir la Cumbre Interamericana de Panamá en un torneo antiimperialista que lo favoreciera; el desconocimiento a los pronunciamientos de numerosos Parlamentos del mundo, el de 33 ex Presidentes latinoamericanos y de España, el del Club de Madrid, los de organizaciones de DDHH, todos los cuales abogan por el cese de la represión y la liberación de los presos políticos en Venezuela. Ante ello, el gobernante Maduro reacciona anunciando la radicalización del proceso, amenazando a los empresarios, con más represalias contra los detenidos, o anunciando un “revolcón” socialista que al momento de escribir estas líneas no sabemos en qué consistirá.
Lamentablemente, los claros postulados que en materia de DDHH recogió la Constitución de 1999 en su Título III, entre ellos el “goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, la obligatoriedad de “respeto y garantía para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen” (Art. 19), o la jerarquía constitucional de dichos tratados, pactos y convenciones, los cuales “prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público” (Art. 23), pues bien, ellas se han convertido como tantas otras normas de la Carta Magna en letra muerta, o peor aún en violaciones abiertas por parte del régimen. Especial mención merecen el pronunciamiento de las NNUU sobre derechos humanos en Venezuela y las medidas cautelares adoptadas por la CIDH recientemente en favor de Leopoldo López y el Alcalde Daniel Ceballos, despreciadas olímpicamente por el gobierno.
No es posible cerrar esta entrega sin aludir a la catástrofe económica que se profundiza, en virtud de la demencial política adoptada por el gobierno en materia de endeudamiento, política cambiaria, precios, subsidios, ayudas externas, emisiones inorgánicas para financiar el gasto público, colapso del servicio eléctrico, desabastecimiento propio de una economía de guerra, improductividad, ausentismo laboral, estatizaciones fallidas, persecución y controles totalitarios contra el sector privado, la anarquía y la anomia prevalecientes, y la búsqueda de enemigos externos o internos por la llamada guerra económica, todo lo cual está conduciendo a la peor debacle económica de la historia, en detrimento de la calidad de vida de la población, la cual se ve forzada a un indeseado éxodo que destruye el talento y la unidad de la familia venezolana. Es casi obvio que no todo puede ser errores o improvisación, sino políticas deliberadas orientadas a pauperizar a la clase media, y acabar con lo que queda de la empresa privada, para implantar el trasnochado totalitarismo estatal, pese al demostrado fracaso que ya se evidencia ante el mundo, reflejado en la ubicación de Venezuela entre los países de peor desempeño económico y de gestión de todo el planeta. Qué inmensa tristeza, apreciados lectores. Buen día del trabajador.
Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”
LaPatilla.com
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